Federico Bernal, Interventor del ENARGAS, amplió la denuncia penal presentada en 2020 contra Aranguren, Pourteau y ex directores del Organismo
El Interventor
del ENARGAS, Federico Bernal, amplió la denuncia que actualmente tramita ante
el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría 23, con
intervención del Fiscal Guillermo Marijuan y en la que resultan imputados el ex
Ministro de Energía y Minería del macrismo Juan José Aranguren, el ex
Subsecretario del Ministerio de Energía y Minería Marcos Pourteau, el ex
presidente del ex directorio de ENARGAS, Mauricio Ezequiel Roitman, así como
también los siguientes ex directores del mismo Organismo: Daniel Alberto
Perrone, Carlos Casares, Griselda Lambertini y Diego Guichón. Todos ellos
fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de
los deberes de funcionario público y el de negociaciones incompatibles con la
función pública (arts. 248 y 265 del C. Penal). La causa se encuentra en pleno
trámite y todos los denunciados fueron imputados por el Fiscal que interviene
en la instrucción.
La
maniobra denunciada por Federico Bernal fue el acuerdo promovido y celebrado
entre el Ministerio que conducía Aranguren con las empresas productoras y
distribuidoras de gas -las denominadas “Bases y Condiciones”- en los meses de
octubre/noviembre del 2017, violando la ley 24.076, a fin de fijar precios del
gas en PIST en dólares -cosa que nunca antes había ocurrido- mediante contratos
a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, inédito en la
comercialización del recurso para luego asegurarse su pase a la tarifa que
pagan los usuarios y las usuarias del servicio; como finalmente ocurrió.
En efecto,
tanto usuarios como usuarias quedaron atados a una concertación contractual por
el plazo de dos años con precios del gas en dólares trasladado a tarifa sin
objeción alguna por el Regulador. En otras palabras, a través de ese acuerdo
promovido por Aranguren y que contó con la complicidad del ex Presidente del
ENARGAS (Mauricio Roitman) y de otros ex directores del Organismo, se dolarizaron
las tarifas de gas en todo el país asegurándoles ganancias en dólares a las
empresas y sometiendo a los usuarios/as a las variaciones en el tipo de cambio.
Ese ilegal
acuerdo, que, como se adelantó, se tituló “Bases y Condiciones para el
abastecimiento de gas” contemplaba las condiciones para el abastecimiento de
gas a las Distribuidoras a partir del 1 de enero de 2018 y durante un periodo
de dos (2) años. Debido al escándalo que en su momento se produjo
por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Mauricio Macri
decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los
contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del
Artículo 7 del Decreto 1053/2018.
Ahora
el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, amplió la denuncia oportunamente
realizada mediante un escrito presentado al juzgado interviniente titulado
“APORTA ELEMENTOS DE JUICIO PARA PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN”.
En
esa presentación, Bernal afirma que con nuevas investigaciones realizadas por
personal técnico y jurídico del Organismo se pudo confirmar que a comienzos del
año 2018 (enero/marzo del 2018), los ex directores del ENARGAS denunciados (en
esta oportunidad, los respectivos actos no fueron suscriptos por la ex
Directora Lambertini) utilizaron el sistema de las “Diferencias Diarias
Acumuladas -DDA-” a fin de asegurarle
ganancias en dólares a las empresas firmantes de los acuerdos conocidos con el
nombre de “BASES Y CONDICIONES”. Cabe resaltar que dichos acuerdos violaron el
marco regulatorio, desde que la emergencia declarada por la ley 25.561 y
sucesivamente prorrogada concluía el 31 de diciembre de 2017.
Desde
dicho vencimiento, el sistema de comercialización del gas debía volver a
regirse por las previsiones de la ley 24.076, primando la libre oferta y
demanda, la cual debía ser revisada finalmente por el ENARGAS. No obstante
ello, nada de todo esto ocurrió. El perjuicio económico calculado por el Ente Regulador
asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al
perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las
usuarias del servicio público de gas por redes.
Bernal
sostuvo en su escrito que “los ex
directores del ENARGAS realizaron una utilización ilegal del sistema de las DDA
en perjuicio de usuarios y usuarias con la finalidad de garantizarle ganancias
en dólares a las empresas, un hecho inédito en la historia de la
comercialización del gas en la República Argentina. Esperamos que la causa
avance y se procese a los imputados, quienes deberán responder por los
perjuicios ocasionados”.